El pasado 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro horario y el derecho a la desconexión. Esta medida, fruto del acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, y sin el respaldo de la patronal, propone reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas en cómputo anual. Aunque la propuesta aún debe pasar por el trámite parlamentario es importante que las empresas comiencen a evaluar cómo esta reforma podría afectar a su organización. En Figueras Legal contamos con amplia experiencia en el área del Derecho Laboral. Por ello, en este artículo, analizamos las claves de esta nueva reducción de jornada laboral y los retos a los que se enfrentan las empresas.
¿Cuáles serán los principales cambios?
El Anteproyecto introduce varios cambios significativos. El primero y más relevante es la reducción de la jornada laboral. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo pasará de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, sin que ello implique una disminución salarial. Dado que la duración de la jornada se pacta en los convenios colectivos o contratos de trabajo, será necesaria la adaptación de los convenios colectivos para conocer la aplicación práctica en cada sector. Las comisiones negociadoras tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma.
Por otro lado, se establece la obligatoriedad de llevar un registro diario de la jornada mediante sistemas digitales, eliminando así la posibilidad de utilizar registros en papel. Asimismo, se establecen obligaciones documentales y de accesibilidad inmediata para los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo la Empresa conservar los registros durante cuatro años.
De esta forma, se prevé un nuevo régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada. Se considerará la comisión de una infracción por cada trabajador en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados y, los importes de las multas previstos son; de 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y, de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.
Además, se refuerza el derecho de los trabajadores a desconectarse fuera del horario laboral, que se plantea como un derecho irrenunciable, con el objetivo de garantizar una mejor conciliación familiar.
Se espera que estas medidas tengan un impacto relevante en las empresas. Uno de los principales desafíos será hacer frente al aumento de los costes laborales, ya que deberán asumir el mismo salario por menos horas trabajadas, lo que podría afectar directamente a su competitividad. Otro desafío será la necesidad de reorganizar la jornada y considerar posibles contrataciones adicionales para cubrir las horas perdidas y mantener los niveles de producción. Sectores con alta demanda horaria, como el comercio o la hostelería, podrían ser los más afectados. Además, la obligación de registrar la jornada de manera digital requerirá una inversión inicial en sistemas tecnológicos adecuados.
¿Qué estrategias pueden adoptar las empresas?
Las empresas deben analizar cómo afectarán estos cambios a su empresa a nivel organizativo. Por ello, entre las estrategias posibles encontramos la negociación de acuerdos con los trabajadores para flexibilizar las horas de entrada y salida, la implementación de herramientas tecnológicas y software de gestión que permita compensar la pérdida de horas laborales. Además, fomentar el teletrabajo, siempre que sea posible, puede mejorar la productividad y suplir así la reducción de horas.
Por otro lado, establecer objetivos asociados a incentivos puede ayudar a la motivación de los empleados y mejorar así su rendimiento.
¿Existirán ayudas a las empresas para la implementación de esta reducción de jornada?
Por el momento, se descarta la posibilidad de que el Gobierno establezca ayudas o subvenciones para las pymes afectadas por la reducción de jornada. Por lo que deberán ser las propias empresas las que comiencen a pensar en una estrategia de adaptación que permita cumplir la normativa y mantener sus niveles de productividad.
Ante cambios normativos, contar con asesoramiento legal y laboral especializado puede marcar la diferencia. Consulta con nosotros en info@figueras.legal
